Los obispos en Pakistán han expresado su profunda consternación después de que el Tribunal Supremo del país anulara las condenas de tres hombres declarados culpables del asesinato de un cristiano y su esposa embarazada, quienes fueron quemados vivos tras ser arrojados a un horno de ladrillos. En declaraciones a la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), los obispos Samson Shukardin e Indrias Rehmat afirmaron que la puesta en libertad de los hombres absueltos por el asesinato de Shahzad Masih y Shama Bibi forma parte de un patrón en el que a los cristianos y a otras minorías se les niega sistemáticamente la justicia tras sufrir actos de violencia.
El Tribunal Supremo anuló las sentencias de muerte de los tres condenados el pasado viernes 10 de julio, alegando fallos en las pruebas y una acusación débil. La máxima instancia judicial de Pakistán fue más allá al desestimar también el recurso presentado por el Gobierno provincial de Punjab contra la absolución de 102 personas acusadas de complicidad en las atrocidades cometidas contra el joven matrimonio. Según los antecedentes del caso, en noviembre de 2014, en Kot Radha Kishan —localidad situada al sur de Lahore—, una turba enfurecida motivada por acusaciones de blasfemia torturó brutalmente a Shahzad y Shama antes de quemarlos vivos en un horno de ladrillos. Aunque la policía abrió diligencias contra cientos de sospechosos y cinco de ellos fueron inicialmente condenados a muerte, dos fueron absueltos previamente por el Tribunal Superior de Lahore, quedando libres ahora los últimos tres implicados tras el reciente fallo.
Impunidad sistemática denunciada por los obispos en Pakistán
Al reaccionar formalmente al fallo judicial, Mons. Samson Shukardin, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Pakistán y obispo de Hyderabad, denunció el desamparo institucional que experimenta la comunidad:
«Shahzad y su esposa Shama, que estaba embarazada, fueron arrojados vivos al fuego. Al final, ¿cuál es el resultado de todos estos esfuerzos en busca de justicia? La gente siente que no tiene voz, que nadie la escucha. Claman para ser escuchados».
Por su parte, Mons. Indrias Rehmat, obispo de Faisalabad, manifestó a ACN su profunda decepción:
«Estamos profundamente decepcionados de que, después de 12 años, la historia vuelva a repetirse. Quienes más han sufrido son quienes continúan padeciendo discriminación y humillación».
Ambos prelados coincidieron en que la decisión del Tribunal Supremo representa solo uno de los muchos casos de injusticia que afectan a las minorías religiosas en el país. Según explicaron, tras los incidentes violentos suelen producirse arrestos rápidos para calmar a la opinión pública, pero posteriormente la mayoría de los sospechosos —si no todos— terminan siendo puestos en libertad a medida que los cargos se retiran o las condenas son anuladas en instancias superiores.
El caso de Jaranwala y las fallas en las investigaciones policiales
Mons. Rehmat criticó asimismo una sentencia dictada el lunes 13 de julio por el Tribunal Antiterrorista de Faisalabad, la cual condenó a un hombre a diez años de prisión, pero absolvió a otras doce personas acusadas de participar en los disturbios de agosto de 2023 en Jaranwala, en la provincia de Punjab. Durante aquellos ataques, 26 iglesias y más de 80 viviendas de cristianos fueron violentadas. El único condenado fue declarado culpable de utilizar una grúa para provocar daños materiales en los edificios eclesiales. Al respecto, el obispo de Faisalabad señaló:
«A los acusados de perpetrar los ataques de Jaranwala se les concede siempre el beneficio de la duda. A quienes destruyen nuestras iglesias, profanan nuestras Biblias y queman nuestras casas se les concede la libertad. En cambio, quienes han sufrido el dolor y la tragedia no reciben ninguna esperanza. Son abandonados».
Mons. Shukardin respaldó estas preocupaciones apoyando el comunicado público de la Comisión Nacional Católica de Justicia y Paz (NCJP), organismo que preside y que denunció la existencia de un patrón continuo de impunidad para los autores de crímenes atroces contra las minorías religiosas. El prelado atribuyó la debilidad de las resoluciones judiciales a negligencias directas en la fase de investigación policial:
«La policía es la principal responsable de aportar las pruebas. Los tribunales prestan atención a lo que presenta la policía. La realidad de lo ocurrido suele ser muy grave y estos casos exigen firmemente justicia, pero las pruebas terminan siendo débiles».
A la par de las deficiencias técnicas de los expedientes, el obispo advirtió que los cristianos y otros miembros de las minorías viven con un miedo constante a reclamar sus derechos debido a las represalias directas contra su integridad física: «Quienes se atreven a hablar también ponen su vida en peligro». Frente a este escenario, Mons. Shukardin pidió a los gobiernos occidentales que insten formalmente a las autoridades de Islamabad a garantizar una verdadera libertad religiosa sobre el terreno, señalando que las delegaciones diplomáticas internacionales se limitan con frecuencia a mantener reuniones institucionales en la capital sin llegar a conocer la realidad de las comunidades. Ambos obispos agradecieron a ACN su labor constante de visibilización en Occidente, calificando de fundamental este apoyo para sostener su búsqueda de justicia.
